Como una contradicción muy evidente, hasta el 2018 España era el miembro europeo con menor desarrollo de fuentes alternativas de energía. El país con mayor capacidad natural para generar energía solar era la región con menos placas solares instaladas en Europa.
Las razones para este subdesarrollo energético eran eminentemente económicas. Para cualquier particular o, incluso, para los más grandes complejos industriales, instalar placas solares era un disparate económico.
Para una vivienda, era sencillamente imposible pagar los altos peajes que gravaba el “impuesto al sol” por el cambio de sistemas. Del mismo modo, para las empresas, este impuesto arrojaba números rojos sobre sus estados financieros, lo que hizo inviable el cambio por muchos años.
El impuesto al sol fue una de las medidas fiscales más polémicas de los últimos años en España. Pero, ¿por qué se creó el impuesto al sol? En términos generales, la medida introducida en el Real Decreto 900/2015 tenía como propósito proteger al sistema eléctrico español.
Un usuario que hacía la transición hacia sistemas de energía alternativos, debía pagar un peaje muy elevado aún por energía no consumida. Por supuesto, para un usuario común, pagar las inversiones en equipos e instalaciones solares más los impuestos asociados eran muy elevados.
Consecuentemente, la energía solar no fue una alternativa viable hasta que el 5 de octubre de 2018 fue derogado el impuesto al sol.
Pero, la eliminación de este impuesto no fue la única medida de estímulo para la transición energética. Como parte de una política de incentivo europeo, se crearon una serie de ayudas económicas para la compra e instalación de placas solares.
Adicionalmente, se crearon una serie de medidas de fomento, como las reducciones de impuestos nacionales y locales. Veamos algunos de los beneficios fiscales más destacados en la actualidad.